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El proyecto de ley exigiría que los propietarios renueven el contrato de arrendamiento al final del plazo, a menos que tengan una razón para no hacerlo.
DENVER — Un proyecto de ley de Colorado que fue aprobado por la Cámara y el Senado estatales significará protecciones para los inquilinos, pero los críticos dicen que infringe el derecho del propietario a rescindir un contrato con un inquilino problemático sin pasar por el proceso de desalojo.
El año pasado, sus defensores intentaron aprobar un proyecto de ley similar y más amplio. Fracasó durante la sesión legislativa y regresaron este año con la HB 24-1098, un proyecto de ley similar con enmiendas y cambios.
“Es increíblemente importante que hagamos todo lo posible para garantizar que a las personas se les permita permanecer en sus hogares”, dijo Melissa Mejía, jefa de política estatal y local del Proyecto de Defensa Económica Comunitaria (CEDP).
La organización trabajó ambos años para redactar la legislación.
El proyecto de ley final revisado que se enviará al escritorio del gobernador demócrata Jared Polis se centra principalmente en la renovación de los alquileres. Tal como están las cosas hoy, los propietarios al final del plazo de un contrato de arrendamiento pueden dejar que el contrato expire sin motivo alguno. El contrato finaliza y, a su vez, el inquilino y el propietario pueden optar por renovar o rescindir el contrato de arrendamiento a partir de entonces.
El proyecto de ley, si se firma, requeriría que los propietarios ofrezcan automáticamente una renovación del contrato de arrendamiento con términos razonables, a menos que tengan una razón para no hacerlo. El proceso para desalojar a alguien en medio del plazo de un contrato de arrendamiento mediante el inicio de un proceso judicial seguirá siendo en gran medida el mismo.
Algunas razones para no renovar un contrato de arrendamiento se describen en el proyecto de ley. Incluyen renovaciones de viviendas que no requerirían ocupantes, reparaciones sustanciales, ocupación asumida por el propietario u otro miembro de la familia, o retiro de la unidad del mercado de alquiler.
“Por lo general, esas son razones sin culpa, lo que significa que el inquilino no ha hecho nada malo, pero que el propietario ha decidido hacer otra cosa con la propiedad”, dijo Mejía. “Realmente, para nosotros, esto es muy importante para asegurarnos de que no estamos desplazando a personas y familias si no hay realmente una buena razón para hacerlo”.
Mejía dice que los abogados del CEDP ven regularmente a personas cuyos contratos de arrendamiento no se renuevan debido a prejuicios y discriminación. Este proyecto de ley, dicen sus defensores, pondría fin a eso y dejaría a más personas y familias en sus hogares.
“Entonces, muchos de los desplazamientos innecesarios que vemos -represalias, discriminación- que no se permiten cuando se decide arrendar a alguien, actualmente están permitidos por ley en el momento de la no renovación porque no hay estándares”, dijo Mejía.
Los críticos del proyecto de ley lo llaman “innecesario”, diciendo que infringe el derecho del propietario a contratar con quien quiera. Los críticos también dicen que gran parte del proyecto de ley ya está cubierto por la Ley de Vivienda Justa.
“Creemos en el derecho a contratar”, dijo Destiny Bossert, gerente de asuntos gubernamentales de la Colorado Apartment Association. “Esos son derechos individuales que se infringen cada vez que el gobierno entra y exige que usted tenga un contrato con otra persona. Así que creo que eso es una extralimitación”.
A Bossert le preocupa que los proyectos de ley que crean más regulaciones y demandas para los propietarios conduzcan en última instancia a que menos personas quieran alquilar propiedades, particularmente para aquellos con carteras más pequeñas o solo una o dos unidades.
“Queremos que Colorado tenga muchas opciones de vivienda y que los inversionistas vengan al estado. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda dañarlo o impactarlo tal vez sea una pérdida para Colorado”, dijo Bossert.
Los críticos también temen que el proyecto de ley tenga consecuencias no deseadas, como aumentar los desalojos en lugar de limitarlos.
“En lugar de simplemente rescindir un contrato y ambas partes pueden ser libres de seguir su propio camino, ahora hay que desalojarlos. Esto quedará registrado en sus antecedentes. Por lo tanto, es muy desafortunado para ambas partes”, dijo Bossert.
Los defensores dicen que no tienen motivos para creer que Polis vete el proyecto de ley, pero aún no ha sido firmado.
““El Gobernador aprecia las buenas discusiones que tuvieron lugar entre los patrocinadores, las partes interesadas y nuestra oficina. El Gobernador espera revisar la versión final del proyecto de ley”, dijo un portavoz de su equipo.
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